En España, el Ministerio de Transportes anunció una inversión de 1,000 millones de euros para impulsar localidades bajas en emisiones, a través de la compra de autobuses eléctricos, bicicletas como opciones de transporte público, etcétera.

La inversión proviene de un plan de recuperación del gobierno. Las comunidades pueden organizar sus consistorios para presentar proyectos aplicables a sus zonas y que contribuyan a la sostenibilidad y la movilidad activa.

España aprobó una Ley de Cambio Climático  en mayo que obliga a 149 urbes de más de 50,000 vecinos crear áreas de tráfico restringido antes de 2023.

Estas medidas aplican principalmente para los centros de las ciudades, donde se busca reducir la cantidad de vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire.

El reportaje publicado por El País, detalla que “los autos de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. La C, de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros”.

¿Qué son las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)?

Según Ley de Cambio Climático, son las localidades donde “se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que pronto publicará las características concretas que deben tener estas zonas para cumplir con los nuevos requisitos legales.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes, en el caso de su convocatoria para el desarrollo de proyectos sostenibles, adelantó que evaluarán las propuestas que recibirán y analizarán el impacto ambiental que puedan tener.

“Lo importante es que la combinación de medidas tenga suficiente impacto y solidez, sea relevante, cumpla con los objetivos del Plan de Recuperación, y provenga de un proyecto maduro, es decir, no se va a financiar papel. Se valorará la contribución a la mejora de la accesibilidad universal y la perspectiva de género en las actuaciones”,  comunicó el ministerio.

Fuente: El País